| La irrupción de las nuevas tecnologías
en nuestras vidas, está generando una nueva sociedad que recibe
el nombre de "Sociedad de la Información". Ante esta nueva realidad,
el Poder Legislativo ha de establecer cual es su política legislativa
en relación con Internet y el comercio electrónico. |
Por Martí Manent
La penetración social de Internet
es una realidad pero desde diferentes sectores de nuestra sociedad,
como el empresarial, se está reclamado, muy acertadamente, que esta
penetración sea mayor para poder afrontar el desarrollo real del
comercio electrónico. La principal preocupación del Poder Ejecutivo
ha sido detectar cuáles son las acciones que generarían mayor beneficio
desde una perspectiva comunicativa y claro ejemplo ha sido el Real
Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica,
que fue gestado a toda prisa para que se pudiera decir que España
está muy desarrollada ya que disponía de una normativa reguladora
de la firma electrónica. Esta norma fue aprobada antes de que existiera
la Directiva sobre la Firma Electrónica. Cualquier persona que la
lea y no sea un experto avanzado en estos temas no comprenderá nada.
Han habido sectores muy atentos ante la regulación
de estos temas. Concretamente, grandes industrias del sector como
las operadoras de telecomunicaciones han actuado como lobby para
poder defender sus intereses. Un claro ejemplo de la presión de
las operadoras es la "Directiva del Comercio Electrónico" que tiene
24 artículos de los cuales 4 regulan la exoneración de responsabilidad
en los negocios que desarrollan las compañías de telecomunicaciones.
Es fácil detectar que el Poder Ejecutivo y el Legislativo saben
que deben fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información
pero no saben muy bien qué es lo que han de hacer y lo primero que
hacen es empezar a legislar sin haber definido previamente cual
es su política legislativa sobre estos temas. Esta falta de definición
es aprovechada por los lobbys para introducir en los Reales Decretos,
en las Directivas y en los Anteproyectos legislativos artículos
que protejan sus intereses convirtiendo estas disposiciones normativas
en la suma de los intereses de los lobbys con influencia sobre el
Gobierno.
La acción del Poder Ejecutivo para fomentar el
comercio electrónico y en definitiva la implantación de la Sociedad
de la Información en nuestro país debería ir dirigida al establecimiento
de un buen sistema de acceso a Internet, para lo cual es necesario
un plan nacional de instalación de las infraestructuras de cable
necesarias en el territorio estatal. En este sentido ya hay algunas
administraciones que han visto que la existencia de cable (red de
fibra óptica) es un hecho crucial para el desarrollo económico de
sus regiones. Un ejemplo claro sobre la necesidad de mejores conexiones
en nuestro país lo encontramos si, con una conexión normal, intentamos
descargar una página del BOE a través de Internet, ya que vamos
a tardar, si hay suerte, 3 minutos cuando debería ser instantáneo.
Estas son algunas de las acciones
que el Poder Ejecutivo podría desarrollar y que fijarían las bases
para que en España hubiera unas buenas infraestructuras que la hicieran
más competitiva en el presente y con suficientes garantías para
afrontar el futuro con las mismas herramientas que los países más
avanzados. También es necesario abordar cuáles son las claves de
la política legislativa relativa al comercio electrónico como elementos
que influyen en el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Principalmente hemos de identificar qué es necesario regular y qué
no, ya que ante lo desconocido muchas veces se prefiere regular
mucho sin pensar cuáles son las necesidades legislativas. Básicamente
el Poder Legislativo ha de elegir entre el fomento de una nueva
industria basada en el comercio electrónico o la creación de disposiciones
que otorguen más seguridad jurídica a los actores, en muchos casos,
los consumidores y usuarios. Una vez haya definido la política legislativa
será necesario que las nuevas disposiciones sean redactadas por
juristas conocedores de esta nueva realidad y que hagan normas adecuadas
y no como las que hasta la fecha han preparado juristas que nunca
se habían conectado a Internet como es el caso del desafortunado
Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula
la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales.
Creo necesario que, ante las magníficas
oportunidades que nos otorga la Sociedad de la Información, hagamos
una reflexión previa de cuál debe ser la política legislativa adecuada,
para que dentro de unos años podamos afirmar que España aprovechó
las oportunidades que le brindaban las nuevas tecnologías.
Martí Manent
Director General de Derecho.com
Articulo publicado en iActual
Fecha 19-02-2001
http://www.iactual.com
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